La semana pasada Ramón Vilche (62) fue condenado a 24 años de prisión efectiva por ser considerado el autor material del asesinato de Marina Soledad Monge (34), ocurrido en Colonia Brambilla entre las últimas horas del sábado 1 de diciembre de 2018 y las primeras horas del domingo 2 de diciembre. A tan solo siete meses de hecho se llegó a la sentencia mediante un juicio abreviado y ahora el caso se trasladará al Tribunal de Juicio de Aplicaciones de Concordia. La gran pregunta es si la edad de Vilche podría ser motivo para que sólo cumpla ocho años en la cárcel y el resto en su domicilio.

Desde su reforma de 2008, la Ley 24.660 contempla seis supuestos en los que se puede basar el juez para conceder una prisión domiciliaria:

-cuando la permanencia en un establecimiento del servicio penitenciario le impida al detenido tratar adecuadamente una enfermedad;
-cuando el detenido padezca una enfermedad terminal;
-cuando a un detenido con discapacidad el encierro le implique un trato inhumano;
-cuando un detenido supere los 70 años de edad;
-a una mujer embarazada;
-a la madre de un menor de cinco años o de una persona con discapacidad

De todas maneras, la ley dice que el juez “podrá disponer” del arresto domiciliario en estos supuestos, por eso los magistrados interpretan que el beneficio no es automático. Por ejemplo, la regulación no implica que al cumplir 70 años se deba conceder de inmediato el arresto domiciliario, sino que debe analizarse cada caso en particular. Por eso los tribunales difieren en distintas instancias respecto a su aplicación en un mismo caso.

Consultado en el programa Ladran Sancho (Radio Show), el abogado querellante Juan Manuel Labriola, prefirió no emitir una opinión definitiva. “No me atrevería a dar un resultado hasta no escuchar el fundamento del Tribunal. Si bien existe una ley complementaria que está en el Código Penal, hay que ver qué se resuelve en Concordia. Acá en Chajarí se acordó 24 años de cumplimiento efectivo y Vilches aceptó”.

Para que un juicio abreviado prospere se tienen que dar una serie de condiciones: “Primero tiene que haber un acuerdo entre el Defensor y su defendido; luego se transmite esto al fiscal, el fiscal lo comenta a los querellantes y todas las partes tienen que llegar a un acuerdo”, explicó Labriola. “Lógicamente que como es un delito que excede los 10 años, sí  o sí tiene que resolverse en Concordia. La jueza de Garantía de la Jurisdicción, la doctora Pertús, lo que hizo fue garantizar la legalidad de todo el proceso”, agregó.

A modo de balance de las actuaciones realizadas, el abogado querellante consideró que “los tiempos fueron prudenciales, la Fiscalía arrancó a 15 horas de ocurrido el hecho y logró su reconstrucción -lo cual no es poca cosa- y también dio con el autor material. No se buscó una persona al azar sino que hubo varios elementos contundentes para dar con Juan Ramón Vilche”, concluyó.