El Presidente lanzó un comunicado instantes después de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años para la vicepresidenta; dijo que “expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción”
El presidente Alberto Fernández se solidarizó con Cristina Kirchner y dijo que este 22 de agosto fue un “día muy ingrato” para él después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la vicepresidenta.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”, escribió en Twitter.
De esta manera, el primer mandatario se refirió a la causa Vialidad, por la que militantes y funcionarios kirchneristas expresaron su apoyo a Cristina Kirchner. Fernández adjuntó a su mensaje un comunicado en nombre del Gobierno nacional, donde se señaló “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta”.
Y subrayó: “El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.
Además, Fernández dijo que “expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
El comunicado subido a la red social determinó que “condena la persecución judicial y mediática” contra Cristina Fernández de Kirchner, “que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”.
“La persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, agrega el comunicado.
Y sentencia: “Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.