El Colegio de Entre Ríos comunicó su «profunda preocupación respecto de un tema que afecta la seguridad jurídica», en referencia a que ahora, sólo se notifican algunas resoluciones. «Significa un lamentable retroceso», indicaron.
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos aclaró que se debe reconocer que, en plena pandemia cuando en otras provincias los colegas estaban impedidos de ejercer la profesión por falta de respuesta tecnológica ante el aislamiento, el Sistema de Gestión de Expedientes, originalmente Lex Doctor y hoy Sirirí, dio las herramientas necesarias para superar esa situación. “Conocemos sus bondades y hemos contribuido a forjarlas porque somos colaboradores y parte esencial del servicio de justicia. También conocemos la dedicación con la que se ha trabajado, lo que ha dejado su impronta en el expediente electrónico”, afirmó en un comunicado de prensa.
No obstante, acotó en el mismo escrito que, “la forma carente de claridad en que se ha visto implementado el Acuerdo General S.T.J. N° 33/22 del 04/10/22, Punto 6° c) en lo referido a “notificaciones selectivas” en vez de ser la mejora proclamada, significa un lamentable retroceso y perjuicio al ejercicio profesional, ya que ahora, sólo se notifican algunas resoluciones, sin seguir un criterio uniforme”.
El Colegio manifestó que “la notificación selectiva resulta contraria a la propia base original del sistema, el Acuerdo General S.T.J. N° 15/18 que, en su artículo 1°, al establecer los tipos de Resoluciones que serán notificadas por el Sistema de Notificaciones Electrónica, dispone que será todo tipo de resoluciones, autos y sentencias que se dicten en el transcurso del proceso, no haciendo diferencia alguna y mencionando cuáles son las excepciones a dicha forma de notificación en forma expresa”.
La entidad comunicó que desde el Colegio de la Abogacía han peticionado en diversas oportunidades al Superior Tribunal, con la última respuesta referida a que no habrá marcha atrás. “Hemos decidido hacer pública nuestra preocupación pues la inseguridad que padecemos tiene un destinatario final que son nuestros clientes, ante quienes somos responsables. La situación planteada es grotesca, la tecnología en vez de ser usada a favor para seguir facilitando nuestras tareas, ahora mediante la notificación selectiva no sólo implica un salto atrás sino que además deja nuestra responsabilidad expuesta” evaluó.
En el comunicado difundido, se consideró que “la solución es simple: debería contemplarse respecto de los abogados y las abogadas la notificación electrónica de todo acto emanado del Organismo judicial conciliando así el ejercicio del derecho de defensa, el debido proceso y nuestra responsabilidad profesional. Somos conscientes del rol que cumplimos y queremos ejercerlo con innovación tecnológica, pero con seguridad jurídica” puntualizó.
El Colegio pidió “que se continúe teniendo en cuenta nuestro trabajo como ocurría antes de la notificación selectiva. Sin abogados que representen a los ciudadanos y ciudadanas no hay justicia. Estamos convencidos que respetando el ejercicio de la abogacía, aportamos a la construcción de justicia”, finalizó.
Los profesionales de la abogacía de Entre Ríos, que conforman hace más de diez años el espacio gremial denominado “Lista Roja”, participando activamente en la vida colegial, rechazaron el aval que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos a los concursos de la Fiscalía Anticorrupción que se encuentran en desarrollo ante el Consejo de la Magistratura (CM) de Entre Ríos.
“La necesidad de expresarnos surge luego de haber tomado conocimiento, en fecha 12/04/2023, del comunicado de prensa difundido por el CMER en distintos medios periodísticos de la provincia dando cuenta del “Respaldo del CAER y Amfjer al Consejo de la Magistratura”, en la cual se ilustra la reunión mantenida el mismo día, entre el Presidente del CAER Dr. Alejandro Canavesio, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Dr. Alejandro Cánepa y Presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Dr. Mariano Churruarín, dada “en el marco de los concursos abiertos para la Fiscalía Anticorrupción, por el cual se rechazaron tres impugnaciones”, sostienen en un comunicado dado a conocer en los últimos días.
Al respecto consideraron que “el acompañamiento o respaldo del Colegio de la Abogacía a dichos concursos, no resulta representativo del sentir de los y las colegas que integran o se identifican con nuestro espacio, por cuanto en tales concursos se ha señalado la existencia de posibles y graves irregularidades, que la entidad Colegial debería considerar antes que desmerecer apresuradamente.
Plantearon que “no parece haberle despertado inquietud al Colegio, por ejemplo, las distintas renuncias de los jurados técnicos designados para estos concursos, muchos de ellos colegas de la matrícula, que se niegan a convalidar las irregularidades denunciadas. Tampoco parece haberle importado a la máxima autoridad de nuestra colegiación las sendas críticas a la Ley que regula dicho proceso, la cual mereció el rechazo de distintos espacios: políticos, colegiales, universitarios y de la sociedad civil, incluso del propio CAER” reseñaron.
Citaron luego que “menos aún parece haber considerado el Colegio que se han presentado contra la ley que reformó el Consejo, dos acciones de inconstitucionalidad por entender que la misma es repugnante a nuestra Carta Magna”, indicaron en el comunicado.
Este colectivo de profesionales, concluyeron que “en este contexto y en momentos donde los colegas y la sociedad civil, reclaman mayor transparencia e institucionalidad, resulta incomprensible que el Colegio de la Abogacía realice tamaño acto de respaldo a estos cuestionados procesos, poniendo nuestra institución al servicio de intereses extra colegiales o gremiales, conductas que de ningún modo podemos acompañar y –entendemos- es menester exponer el sentir de nuestra agrupación”.
Fuente: ElDiario